He querido rescatar un artículo que acabo de leer y que me ha parecido interesante compartir con todos los lectores del blog.
De los casi cuatro millones de
inmigrantes extracomunitarios que residen en España, apenas 10 mil han
hecho sus maletas y se han regresado a sus países. No solo no se marchan
sino que la población extranjera -contrario a lo que pudiera parecer-
crece; según ha podido conocer Legalcity, un despacho de abogados y
asesores expertos en extranjería con sede central en Barcelona.
Al cierre del 2011 en España habían
5.251.094 extranjeros, de los cuales 2.554.618 pertenecen al Régimen
Comunitario, lo que representa un 48,6%. El incremento durante el año
2011 ha sido de un 6,4%, es decir, 152.986 extranjeros más en este
régimen.
Pertenecer al Régimen Comunitario no
significa que el extranjero provenga precisamente de Europa; sino que en
su gran mayoría se trata de inmigrantes familiares de un ciudadano
español o comunitario (cónyuge, hijo, pareja de hecho, ascendiente…).
En conocido como “Retorno Voluntario”
fue lanzado por el Gobierno socialista en noviembre de 2008 y fue un
plan diseñado fundamentalmente para inmigrantes en paro. La idea era que
los inmigrantes pudieran capitalizar su prestación. Pero pese a que en
un prinicipio se estimaba que 300.000 inmigrantes podrían acogerse a
dicho plan, lo cierto es que las estadísticas reflejan que muy pocos han
decidido abandonar España.
Dicho plan intentaba también frenar la
economía sumergida pues según Legalcity se calcula que hay un millón de
inmigrantes en esta situación. Para ellos hay programas de retorno que
incluyen el pago de billete, dinero de “bolsillo” y una paga “extra”
para mudarse. Pero esto tampoco ha funcionado y no precisamente porque
la situación económica en España mejore sino porque abandonar depende de
la situación económica en la que se encuentro el país de origen del
extranjero.
Este tipo de programas siempre han
evidenciado que sus resultados son muy limitados, programas
experimentados a mediados de los setenta en Francia, Alemania, Bélgica y
Países Bajos.La mayoría de los residentes en España procede de zonas
empobrecidas de América Latina y el norte de África lo que les disuade a
coger las maletas. También actúa de freno la moratoria para poder
regresar a la península, fijada en tres años.
La mayoría de quienes sí han hecho sus
maletas proceden de América Latina que ya acumula el 91 por ciento de
los viajes y el mayor número de retornos se ha producido a Ecuador
Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Chile, y Uruguay.
El caso de Catalunya
Catalunya es la comunidad donde hay un
mayor número de inmigrantes y aquí la Generalitat ha destinado 250.000
euros al Programa de Retorno Voluntario en 2011, lo que ha permitido que
un total de apenas 240 inmigrantes residentes volvieran a sus países de
origen, fuentes de la Dirección General para la Inmigración de la
Conselleria de Bienestar Social y Familia.
El balance anual desvela que siete de
cada diez inmigrantes que lo han solicitado –un total de 327– han podido
volver a sus países, un 42% más que en 2010, cuando fueron 169 los que
retornaron.
También en Catalunya los inmigrantes que
se han acogido al retorno voluntario provienen mayoritariamente de
países latinoamericanos –Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, Brasil y
Honduras–, de entre 18 y 64 años y residentes en la provincia de
Barcelona –191 de ellos–.
Lo que si es cierto es que se ha
reducido considerablemente el número de inmigrantes que hoy vienen a
España; debido no solo a la crisis económica sino al endurencimiento de
la Ley de Extranjería donde para poder ofrecer un contrato de trabajo el
empresario o empleador están obligados a “colgar” dicha oferta ante los
servicios públicos de empleo pero con los casi cinco millones de
parados que tiene España, una oferta presentada es pan caliente para
quienes hoy no tienen empleo.
De cara a futuro
Recientemente el gobierno español
anunció a través de la primera comparescencia en el Congreso de la
Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que no habrán
“regularizaciones masivas” de inmigrantes; lo que en la calle se conoce
como “papeles para todos” los inmigrantes que se encuentren en España en
situación administrativa irregular (inmigrantes “sin papeles”).
Aunque la Titular de Empleo no ha hecho
ningún tipo de mención a una política más restrictiva para los
inmigrantes que no tienen “papeles” al condicionar las solicitudes de
Arraigo para aquellos inmigrantes en situación irregular (“sin papeles”)
a la situación nacional de empleo, es precisamente lo que más preocupa.
Este silencio no deja más que mantener a
la comunidad inmigrante en una lamentable y angustiosa espera sobre “¿y
qué va a pasar? Y si pasa… ¿cuándo va a pasar”. Con este silencio por
parte de las autoridades, la incertidumbre se cierne sobre los
inmigrantes quienes saben que de un momento a otro anunciarán nuevas
medidas que no serán precisamente en forma de palmaditas en la espalda,
es decir, no van a ser buenas noticias.
No es que se suprima formalmente la
figura del Arraigo Social, como han anunciado algunas fuentes,
contemplada en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su
reforma por Ley Orgánica 2/2009 -que entró en vigor el pasado 1 de
julio- sino que se haga uso de una cláusula de ese Real Decreto que
contempla en su artículo 124. 4 que “Por Orden del titular del
Ministerio de la Presidencia a propuesta de los titulares de los
Ministerios del Interior y de Trabajo e Inmigración y previo informe de
la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, se podrá determinar la
aplicación de la situación nacional de empleo a las solicitudes de
autorización de residencia temporal por razones de arraigo social.”
Fuente: Legalcity
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